Concluidas las acciones investigativas, en las que se garantizó el debido proceso, la Fiscalía, en cumplimiento de su misión, ejerció la acción penal pública en representación del Estado y presentó las actuaciones al tribunal correspondiente.

Se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.

En todos los casos se interesó a los imputados sanciones privativas de libertad, en correspondencia con los hechos cometidos.

31 de octubre de 2025