Hasta hoy prácticamente todo ha sido engorroso, desde entregar tierras ociosas, hasta la agonía de los trámites para la sucesión y herencia de la tierra y bienes agropecuarios.
Lo que sí ha resultado fácil es acceder a la autorización para revender los pocos alimentos que salen de la tierra que llegan al consumidor después que varias manos lo encarecen.
Algunos defienden que la tierra debiera entregarse en propiedad, de lo cual discrepo porque son nuestros suelos, el principal patrimonio material de la nación o del pueblo, es como una mina de oro sin explotar adecuadamente, y lo que de verdad decide es que los productores accedan a ella, la puedan gestionar por tiempo indefinido y beneficiarse de todo lo que sean capaces de producir, mientras se exploten bien, más allá de un contrato no siempre bien hecho y a expensas de golpes climáticos, plagas o enfermedades no previstas.
Hay derechos de los campesinos en el proyecto que ya existen como el de contratar fuerza de trabajo, construir viviendas, acceder a créditos bancarios, seguros, insumos y tecnología; pero es importante no solo que sea un derecho, sino estimular la comercialización directa de lo que producen para que los productos fertilizados con su sudor lleguen al consumidor sin intermediarios.
Si algo debiera ser penado por su extrema gravedad de una buena vez, es la tenencia de tierras ociosas, que incluye aquellas en proyectos que jamás se materializan o se dan como explotadas aunque mantengan dos vacas en una caballería.
Pareciera imposible que poco más de 400 mil productores puedan alimentar más de 9 millones de cubanos, solo sería posible con acceso a insumos, riego y tecnologías modernas. Por tanto, hay que buscar y sembrar en la tierra más productores.
Cuando el país atraviesa su más grave crisis con el recrudecimiento y acoso brutal del imperio yanqui, el primer requisito para lograr un impacto de la nueva legislación agraria sería la máxima prioridad para las inversiones en el sector responsabilizado con la alimentación del pueblo.
