Con el propósito de evaluar el cumplimiento de su misión institucional, la calidad de los servicios jurídicos, y las acciones desarrolladas en el marco del programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el Ministerio de Justicia (Minjus) inició su proceso de la más alta fiscalización, que culminará el 30 de noviembre del presente año.

Este ejercicio, que refleja transparencia y responsabilidad institucional, es conducido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, con la participación de las comisiones de Atención a los Servicios y de Órganos Locales del Poder Popular.

Según anunció el sitio web del Minjus, en estricto cumplimiento del Acuerdo x-141 de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se examinará el cumplimiento del cronograma legislativo, la vigilancia del acatamiento de las leyes, y la labor de asesoría jurídica a organismos estatales.

También se evaluará el funcionamiento de las direcciones provinciales de Justicia y la calidad de los servicios notariales, registrales, defensoriales, y de asistencia legal a personas naturales y jurídicas.

Se prestará especial atención a la Caja de Resarcimientos y a la atención directa a la población, pilares del sistema de justicia popular.

El Minjus reafirma su vocación de servicio, su apego a la legalidad, y su disposición a ser evaluado por el pueblo, al que rinde cuenta.

Este proceso no es mera formalidad, sino un acto de fortalecimiento institucional, en sintonía con los principios de la democracia participativa.