La decisión a mi juicio es, primero que todo, un acto de justicia que refuerza el sentido de pertenencia, porque desde la antigua Roma la propiedad se relaciona con el derecho a disponer de lo que es tuyo. Y en ese sentido, sí crecerá la motivación a criar ganado y a protegerlo de los delincuentes que son de los principales culpables del decrecimiento de las reses en Cuba. 

Cuando uno estudia la resolución 162 del Ministerio de la Agricultura, se percata de que aún posee aspectos cuestionables en su letra y espíritu. Que cualquier persona pueda cebar un ternero o añojo y consumirlo resulta atractivo evidentemente, pero no sé todavía cómo podría lograrlo sin disponer de tierras y que sus animales no causen daño. 

Exigir pesos mínimos para poder sacrificar y consumir bueyes o vacas de desecho que concluyeron su vida activa, parece un absurdo, o mejor dicho, el coletazo de despecho de quien se resiste a soltar de una vez lo que no es suyo pero quiere seguir administrándolo. 

Yo vi con mis ojos en la propia finca en que nací la agonía que significa mantener en el potrero una vaca horra durante años porque la empresa estatal se negaba a comprarla y el dueño no la podía vender ni sacrificar.

A nadie le puede interesar más que a su dueño tratar de engordar el animal antes de sacrificarlo, o sea, ponerle peso mínimo es ponerle una traba. Recuerdo la yunta de bueyes de mi padre en Venturilla, “Canario” era flaco y “Voluntario” gordo, aunque ambos se alimentaban del mismo pastizal. 

En fin, la resolución que autoriza el sacrificio de reses a sus propietarios no es una legislación perfecta ni mucho menos, pero sí necesaria y justa. Para que la masa crezca hay que hacer mucho más. Y sobre ese tema volveremos.