Me uno a los que exclaman: «Ojalá se pudiera reordenar el transporte estatal en todo el país»; pero, con la mente fría, opino que lejos de desaparecer, se han recrudecido las causas que obligaron al Estado a adoptar la decisión de arrendar una buena parte de los ómnibus. Veremos qué pasa cuando comiencen a exigir nuevos neumáticos, baterías y demás piezas de repuesto, en medio de la actual situación económica. 

Por otra parte, quienes arrendaron esos ómnibus debieron invertir en ellos, por lo que deben sentirse como quien limpia la tierra de marabú, para que luego le exijan devolverla para determinado programa. Estas situaciones se evitarían con la firma de contratos bien serios que contengan las obligaciones de cada parte y los términos bien precisos. 

Creo que con esas imprecisiones se produjo la ampliación del Trabajo por Cuenta Propia, el nacimiento de las llamadas Mipymes y se volvió a repetir en el arrendamiento de ómnibus. 

No es un error, a mi entender, arrendar ómnibus, el error está en no establecer horarios de trabajo, rutas y precios a cobrar, y de esa manera resulta imposible evitar que los que antes prestaban servicio en una importante ruta hoy se utilicen preferencialmente en viajes a la playa, o sean alquilados por personas pudientes, dejando ganancias superiores al arrendador.  

Recuerdo, como he reiterado más de una vez porque fui usuario habitual, el arrendamiento de los superbus de Manicaragua a Santa Clara, en los años 90, que funcionaban como un reloj, pero a nadie se le ocurrió cambiar la ruta ni el precio del pasaje. 

Nadie arrienda una vivienda y se desentiende del uso que le dan, y si detecta que no está siendo cuidada rescinde el contrato. Lo esencial es que cualquier medida que se adopte debe tener como objetivo supremo mejorar el servicio al pueblo, no hacerle la vida más difícil. 

Solo con dejar claro en los documentos legales que no podían violarse los precios o tarifas, el Trabajo por Cuenta Propia, las Mipymes y los ómnibus arrendados, hubieran significado una mejoría enorme en la satisfacción de las necesidades del pueblo. Al menos, hasta que el Estado esté en condiciones de ofrecer un servicio eficiente y asequible.