Del total de estas, el 39,6 % correspondió a violaciones en materia de precios y tarifas, aseguró Irail Trujillo Álvarez, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial.

También resultaron significativos los hechos asociados con el engaño a los consumidores en relación con el peso de la mercancía, no mostrar el precio de los productos, servicios que se expendían de manera ilegal, retenciones de mercancías y mala aplicación de las normas de consumo.

Otras infracciones detectadas, según el funcionario, fueron la no aplicación de las pasarelas de pago establecidas, el ejercicio ilegal del trabajo por cuenta propia, violaciones de las normas higiénico-sanitarias, así como el incumplimiento de las regulaciones urbanísticas.

Como resultado de las acciones de inspección, fueron aplicadas otras medidas como ventas forzosas, cierre de establecimientos, decomisos de mercancías, cancelaciones de proyectos para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, además de la paralización de servicios y retiro de licencias sanitarias.

Trujillo Álvarez aseguró que se aplicaron varias sanciones por no emplear las pasarelas de pago, y definió los tipos de violaciones más frecuentes en materia de bancarización. Entre ellas estuvieron la no aceptación de determinadas denominaciones de billetes (5, 10, 20), instituciones que obligan a los clientes a pagar solo en efectivo o ponen límites al pago de transferencias diarias en sus negocios y otras que las cobran con un 10 % por encima del precio legislado, violando la ley y facilitando el negocio ilícito con la moneda digital.