La normativa tiene el propósito de fortalecer el sistema de protección contra incendios forestales y regular la responsabilidad de los organismos de la Administración Central del Estado y entidades e instituciones, que intervienen en la actividad de prevención y extinción de esos siniestros.

Define como Dirección Operativa de la Campaña el conjunto de acciones, tareas y procedimientos que se realizan, por los grupos de trabajo nacional y territoriales, durante el periodo de alta peligrosidad de ocurrencia, que transcurre de enero a mayo, con el objetivo de disminuir el impacto de estos fenómenos.

La entrada en vigor de la norma es expresión de la voluntad política de prevenir y enfrentar un grave fenómeno mundial, asociado al cambio climático, y la necesidad de asumirlo de manera multifactorial, con medidas predominantemente preventivas, de concientización y de elevar la percepción de riesgo y la participación del pueblo.