Esta normativa, sella un proceso de modernización integral que actualiza y unifica el marco regulatorio de la función notarial, poniéndolo a la altura de los retos de la era digital y las complejidades socioeconómicas contemporáneas.

La ley no representa un simple ajuste, sino una renovación que redefine el papel del notario como un garante fundamental de la legalidad y la autenticidad, ahora con herramientas y facultades adaptadas al siglo XXI. Su objetivo central es doble: dotar a la profesión de un marco ágil y seguro, y ofrecer a la ciudadanía mayores niveles de protección, eficiencia y claridad en todos los trámites que requieren fe pública.

Entre las innovaciones más destacadas, la ley introduce agilidades procedimentales significativas para reducir tiempos y costos.

Además, regula con precisión el uso de herramientas tecnológicas, otorgando plena validez jurídica a la firma electrónica avanzada y estableciendo los criterios para la llevanza de protocolos y archivos digitales, un paso esencial para la descongestión de los registros físicos y la sostenibilidad.

La norma también refuerza los estándares deontológicos de la profesión, delineando con mayor claridad las responsabilidades, los deberes de independencia y los mecanismos de control, lo que fortalece la confianza institucional.

Para los ciudadanos, esto se traduce en procesos más rápidos y transparentes, una reducción de la burocracia en gestiones como compraventas, poderes o testamentos, y la certeza de que sus actos jurídicos cuentan con el máximo respaldo de seguridad y autenticidad.

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