Las investigaciones iniciales arrojan que estas personas habían sido orientadas para ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional.

Una vez cumplido el objetivo, debían abandonar el país y a su regreso a Panamá, recibirían una suma de dinero que de acuerdo a sus primeras declaraciones, oscila entre mil y mil quinientos dólares para cada uno.

Desde el momento de la detención, los implicados han reconocido ser los autores de los hechos de esta naturaleza, ejecutados en la capital durante la madrugada del sábado 28 de febrero.  
Continúan las investigaciones.

Ministerio del Interior, 2 de marzo de 2026.