La orden ejecutiva del Presidente estadounidense, anunciada el 29 de enero de 2026, declara una supuesta emergencia nacional, en virtud de la cual su gobierno podrá imponer aranceles comerciales a las importaciones de productos provenientes de países que suministren petróleo a Cuba.

Para justificar una acción tan extrema, se esgrime en el texto de la referida orden una lista extensa de mentiras y acusaciones difamatorias contra Cuba. Destaca entre ellas la absurda aseveración de que Cuba constituye una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El propio Presidente y su gobierno están conscientes de que nadie o muy pocos pueden creer argumentos tan mendaces, pero no les importa. Así es su desprecio por la verdad, la opinión pública y la ética gubernamental cuando se trata de avalar su agresión contra Cuba.

Con esta decisión, el gobierno de los Estados Unidos, a través del chantaje, la amenaza y la coerción directa a terceros países, intenta imponer componentes adicionales de presión a las acciones de asfixia económica que desde el primer mandato de Trump fueron dispuestas para impedir la entrada de combustibles a nuestro país. Consolida una forma peligrosa de conducir la política exterior de los Estados Unidos por vía de la fuerza y de ejercer sus ambiciones para garantizar su hegemonismo imperialista. Conforme a lo anunciado, ese país se adjudica el derecho de dictar a Estados soberanos con qué naciones pueden comerciar y a cuáles pueden exportar sus productos nacionales.

La orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos constituye, por tanto, una violación flagrante del Derecho Internacional y atenta, además, contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Ratifica que es el gobierno de ese país el que atenta contra la seguridad, la estabilidad y la paz de la región y del mundo.

El gobierno de los Estados Unidos llega a este punto tras haber fracasado durante 67 años en rendir y destruir un proceso político y revolucionario genuino y legítimo, de plena soberanía, justicia social y fomento de la paz y la solidaridad con el resto del mundo.

Está ampliamente documentada la disposición histórica de Cuba a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo serio, responsable, basado en el Derecho Internacional, en la igualdad soberana, en el respeto mutuo, en el beneficio recíproco, sin injerencia en los asuntos internos y con absoluto respeto a la independencia y a la soberanía de los Estados.

Como todo el mundo conoce, incluyendo el propio gobierno estadounidense, Cuba no constituye amenaza alguna para los Estados Unidos, sus intereses nacionales o el bienestar de los ciudadanos de ese país que, además, siempre han sido tratados con respeto y hospitalidad cuando su gobierno les ha permitido visitar la isla. Cuba no amenaza o agrede a país alguno. No es objeto de sanciones por parte de la comunidad internacional. Es un país de paz, solidario y cooperativo, dispuesto a ayudar y contribuir con otros Estados.

Es también el país de un pueblo aguerrido y combatiente. Se confunde el imperialismo cuando confía en que con la presión económica y el empeño en provocar sufrimiento a millones de personas, se va a doblegar su determinación de defender la soberanía nacional y de impedir que Cuba caiga, una vez más, bajo el dominio estadounidense.

Tiene ante sí la comunidad internacional el reto ineludible de definir si un crimen de esta naturaleza podrá ser el signo de lo que está por venir o si prevalecerán la cordura, la solidaridad y el rechazo a la agresión, la impunidad y el abuso.

Enfrentaremos la nueva arremetida con firmeza, ecuanimidad y seguridad de que la razón está absolutamente de nuestra parte. La decisión es una:

¡Patria o Muerte, Venceremos!

La Habana, 30 de enero de 2026