La norma es de aplicación para todos los juristas que ejercen la representación, defensa y asesoramiento jurídico de las personas, afirmó ante el plenario del Parlamento el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez. 

“La  Constitución de la República refrenda en su artículo primero que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social”, dijo el ministro e insistió en que defender este postulado requiere garantías.

De ahí −señaló− la importancia de esta ley, que complementa un ciclo de disposiciones que colocan a los ciudadanos en mejor situación para la defensa y el respeto a sus derechos. 

Silvera Martínez explicó que algunas de las garantías legislativas están en la Ley del Proceso Penal del 2021, que concede al abogado un papel importante dentro del proceso como garantía de defensa para los imputados y las víctimas. 

El Código de Procesos y la Ley del Proceso, ambos de 2021, reconocen el papel de los letrados y el acompañamiento y representación de las partes, mientras que el Código de las Familias y el Decreto Ley 69 del 2023 sobre mediación de conflictos otorga a los abogados la función de ejercer como mediadores. 

“A 40 años de vigencia del Decreto Ley 81 de 1984 es imprescindible su modificación. Hacerlo con rango de ley es consustancial con la relevancia de la abogacía en el ordenamiento jurídico del país, en tanto protege derechos fundamentales de las personas”, dijo el ministro de Justicia.