La norma establece la bonificación del pago de los impuestos sobre Utilidades y sobre los Ingresos Personales a los actores económicos estatales y no estatales que inviertan en proyectos de infraestructura social, construcción, rehabilitación o equipamiento de escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales o instalaciones deportivas, entre otros.
Los beneficios tributarios que establece la norma son los siguientes:
- Deducción del impuesto a pagar equivalente al 20% de la inversión realizada. Esta deducción se aplicaría en un plazo de hasta 5 años.
- Reducción del impuesto a pagar equivalente al 10 % de la donación realizada, aplicable contra el Impuesto sobre Utilidades o el Impuesto sobre los Ingresos Personales, según corresponda, para los que realicen donaciones en efectivo o en especie a entidades estatales dedicadas a fines sociales.
- Aplicación de una tasa reducida del Impuesto sobre Utilidades durante los primeros 5 años de operación, y la exención del pago del Impuesto Aduanero sobre la importación de equipos y tecnologías necesarias para la prestación de este servicio a los actores económicos estatales y no estatales que destinen al menos el 50% de su actividad a servicios sociales.
