Sector presupuestado

Entre las principales acciones se propone la implementación de una reforma integral de los salarios en el sector estatal, que beneficiaría al 51 % de los trabajadores del país. La medida incluye el incremento del salario mínimo, que pasaría de 2 100 a 3 110 pesos, junto a la actualización de todos los grupos y escalas salariales.

Según lo previsto, su aplicación comenzaría en el mes de julio, con el cobro efectivo de los nuevos salarios en agosto. En este contexto, también se plantea la eliminación de las restricciones a la cuantía de las pensiones, así como la posibilidad de reconocer los pluriempleos en el cálculo de estos ingresos.

Asimismo, se introduce una flexibilización en los requisitos para la jubilación, al contemplar que de los 30 años mínimos de servicio se puedan considerar hasta 10 años dedicados al cuidado familiar, en correspondencia con la actual dinámica demográfica del país.

El paquete de medidas incorpora además incentivos dirigidos a jóvenes y mujeres. En el caso de los jóvenes sin empleo, se propone establecer un salario mínimo como incentivo para su vinculación a cursos de capacitación, con la posibilidad de que este apoyo sea posteriormente reembolsable. También se faculta a los empleadores a implementar jornadas laborales reducidas, en el marco de convenios colectivos, sin la obligatoriedad de mantener esquemas rígidos de ocho horas presenciales.

En materia de relaciones laborales, se dispone la eliminación de la aprobación administrativa del pluriempleo, así como la autorización del teletrabajo desde el exterior para determinados casos.

Finalmente, se establece la protección equivalente a un mes de salario para los trabajadores del sector no estatal que queden sin empleo, como parte de las nuevas medidas de seguridad económica y protección social.

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