Las personas naturales que desarrollan actividad económica en el país podrán acceder a beneficios fiscales por inversiones en fuentes renovables de energía, tras la actualización del marco normativo aprobada por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), como parte de la estrategia para la transformación de la matriz energética nacional.

Con la publicación en Gaceta Oficial extraordinaria número 30 de la Resolución 41/2026, las personas naturales que realizan una actividad económica, dígase, trabajadores por cuenta propia, productores agropecuarios, artistas, intelectuales, que son contribuyentes sujetos al pago del impuesto sobre ingresos personales, quedan exonerados de la aplicación de este cuando realizan procesos inversionistas en fuentes renovables de energía.

La viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz Mantecón, explicó que es un beneficio que aplica tanto a proyectos destinados al autoconsumo como a aquellos que puedan aportar electricidad al Sistema Electroenergético Nacional.

Agregó que la medida actualiza y ratifica disposiciones anteriores destinadas a respaldar la política de desarrollo y uso de fuentes renovables, iniciada con el Decreto-Ley 345 de 2017.

Ortiz Mantecón recordó que la Resolución 41 ratifica todo lo establecido en la 169/2025 que reconoce los beneficios en la exoneración del pago del Impuesto sobre Utilidades durante el periodo de recuperación de la inversión, y adecuaciones en tarifas y precios para proyectos vinculados a fuentes renovables de energía.

Sin embargo, esa norma solo se limitaba a la exoneración de determinadas partidas arancelarias con alcance a esas personas naturales, de ahí la necesidad de la actualización para las personas naturales que realizan una actividad económica.

Señaló que, para acceder al beneficio de la Resolución 41, es requisito indispensable contar con el dictamen técnico de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure), que certifica que la inversión se destina a fuentes renovables, con el cual el contribuyente debe presentar la documentación en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) de su domicilio fiscal.

Precisó que el incentivo puede extenderse hasta por ocho años, de acuerdo con el tiempo de recuperación de la inversión certificado por la Onure.

Desde la emisión de la primera resolución en 2023 hasta diciembre de 2025, la Onure recibió 168 solicitudes de licencia energética: 95 provenientes de formas de gestión no estatal y 73 del sector estatal.

La Viceministra resaltó que, de estos proyectos, 56 ya se encuentran instalados y operativos, con dictamen energético y beneficio fiscal otorgado, distribuidos en provincias como Villa Clara, Camagüey y La Habana, y actualmente 112 proyectos permanecen en proceso de evaluación, incluyendo solicitudes de personas naturales que ahora podrán acogerse a los incentivos.

La Viceministra destacó que la medida, aunque implica una reducción de ingresos fiscales, responde a la prioridad del Estado de impulsar la transición hacia fuentes limpias de energía, garantizar la participación de todos los actores económicos y fortalecer la matriz energética del país.

Asimismo, aclaró que el beneficio fiscal puede ser cancelado en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos; entre ellos, la Onure realiza fiscalizaciones periódicas a los sujetos que reciben dictamen energético, y si se detecta que la inversión no se está utilizando efectivamente en fuentes renovables, la ONAT puede revocar la exoneración.

También la cancelación procede cuando se comprueba que los equipos o recursos importados no corresponden al proyecto aprobado o no se presentan los documentos que respalden la inversión, garantizando que los incentivos cumplan su objetivo de fomentar la transición energética de manera efectiva.