La justificación oficial señala que La Habana “no ha ofrecido garantías suficientes de que se abstendrá de emplear fuerza desmedida contra naves o aeronaves estadounidenses que realicen manifestaciones pacíficas o actos conmemorativos en aguas cercanas al norte de Cuba”.
Asimismo, el texto advierte que el ingreso sin autorización de cualquier barco con bandera de Estados Unidos en jurisdicción marítima cubana representa un factor desestabilizador para los intereses exteriores de Washington, al considerar que dicho acceso “podría propiciar un flujo migratorio descontrolado desde la nación caribeña”.
“El criterio de Estados Unidos se mantiene firme en que un éxodo masivo desde Cuba constituiría una amenaza para la seguridad nacional, al generar una alteración significativa en el equilibrio de las relaciones internacionales del país”, sostiene el documento oficial.
Esta prerrogativa tiene su origen en 1996, cuando el entonces mandatario Bill Clinton la instauró tras el derribo de dos aeronaves pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, con sede en Miami, que violaron varias veces el espacio aéreo cubano.
Con el tiempo, el alcance de la orden se ha ido ampliando. En 2004 se incorporaron restricciones al envío de recursos financieros y materiales. Dichas limitaciones fueron reforzadas en 2016 y nuevamente en 2018, y desde entonces se ha renovado periódicamente su vigencia.
Apenas el 29 de enero pasado, la administración Trump firmó un nuevo decreto que habilita la imposición de aranceles a aquellas naciones que suministren petróleo a Cuba, formalizando un “estado de emergencia” por la supuesta amenaza que representa la mayor de las Antillas.
En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó con firmeza estas acciones. Denunció que buscan imponer un “cerco total al abastecimiento de combustible”, lo que calificó como una vulneración de los principios básicos del comercio global y una estrategia que somete a la población cubana a condiciones de vida extremas.